En virtud del amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo de San Juan, se dictó una medida cautelar que ordena suspender las bajas de pensiones por invalidez y rehabilitar los beneficios suspendidos en toda la provincia. La resolución representa un paso histórico en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, acompañada por beneficiarios afectados, pidió a la Justicia Federal que se restituyan de inmediato las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en la provincia. También solicitó que se declare inconstitucional el decreto nacional que habilitó estas medidas.
La Defensoría del Pueblo tuvo el agrado de visitar el Hogar y Centro Educativo Huarpes, un lugar donde niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad encuentran contención, educación y asistencia.