La pandemia Covid-19 cambió absolutamente todo, tal como lo conocíamos. A principios del año 2020 ya nada parecía igual. Lo cierto es que esta situación de crisis internacional, instó a repensar una nueva perspectiva de derechos humanos y a interpelar profundamente a los organismos responsables de garantizarlos.
El contexto de pandemia profundizó los ámbitos más vulnerables de nuestra sociedad, y visibilizó los polos más desiguales entre los continentes. Desde una perspectiva de política internacional, puso en jaque la gran discusión planteada desde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mostrando un mundo profundamente desigual, inequitativo y hasta algunos entenderían que injusto.
Sin dudas, el derecho a la salud fue el primero en ser cuestionado, esencialmente, por su desigual acceso. Sin embargo, reforzamos el concepto de que la salud pública no es un beneficio, como se lo pensaba en el clásico modelo del Estado de Bienestar, o inclusive en el extremo opuesto, un mero componente del gasto público desde la óptica del liberalismo puro. La Salud no es un beneficio, es un derecho, y por lo tanto su cumplimiento no debería ser una exigencia sino un mandato.
Y aunque sucedió lo mismo con cada uno de los restantes derechos, hay algo que radicalmente la pandemia no cambió y es la visión más humana y social de los derechos humanos.
Desde un organismo pionero a nivel latinoamericano, por haber sido el primero en su especie en la región, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de San Juan – Argentina, también nos interpelamos sobre cuál sería la nueva visión de los derechos humanos que queremos y merecemos. Planificar en derechos humanos, en contexto de pandemia, no sólo se convirtió en un desafío sino también en una verdadera oportunidad.
Oportunidad de cumplimiento de deudas antiguas, visibilizar sectores postergados de nuestra sociedad, y especialmente, la oportunidad de avanzar hacia un entendimiento de derechos humanos que traspase la tradicional visión universal, y comenzar a dotar de contenido la perspectiva local de los derechos humanos.
Cambiar de enfoque y dar nuevo contenido desde los propios sectores más vulnerados y olvidados de las localidades donde desempeñamos nuestra tarea, significa dotarlos de perspectiva de género, de diversidad, de las infancias, de los adultos mayores y los pueblos originarios. Una visión integral de los derechos humanos exige agudizar nuestro oído hacia las exigencias de la comunidad, canalizando la universalidad de los mismos, pero con el enfoque local de los derechos que atendemos.
En este sentido, y especialmente en contexto de pandemia, desde la Defensoría planteamos el objetivo de planificar avanzando hacia la construcción de una cultura de derechos humanos, en la cual las sanjuaninas y sanjuaninos resignifiquen sus derechos. Dicha planificación exige dotar de legitimidad la aplicación cotidiana de los sistemas de protección internacional y nacional de los derechos humanos; el conocimiento de las principales vulneraciones de la población local para identificar sus respectivos enfoques y perspectivas de derechos; y un profundo trabajo de fortalecimiento institucional con las organizaciones de la sociedad que trabajan de manera coordinada en derechos, garantizando así una sana autonomía de los actores de nuestras democracias.
Si bien hay que reconocer una herencia propiamente argentina en el entendimiento y respeto de los derechos humanos de hace ya décadas, lo cierto es que las violaciones sistemáticas y masivas que nuestra sociedad sufrió, no es la característica más sobresaliente en la actualidad. Sin embargo, las violaciones y vulneraciones se dan en el acceso cotidiano de derechos sociales, económicos y culturales. Por lo tanto, hoy es impensable imaginar una provincia, un municipio o alguna entidad gubernamental que carezca de una política de derechos humanos.
En nuestro país contamos con legislación interna en consonancia con las normas de derecho internacional de derechos humanos y en muchas áreas fuimos pioneros en el diseño de políticas públicas atravesadas por dicha normativa. Sin embargo, la existencia de la misma no asegura la vigencia y el pleno goce de los derechos, por lo que instituciones que tutelan los derechos humanos como las Defensorías del Pueblo a lo largo y ancho de nuestro territorio, tienen una enorme responsabilidad y claro mandato del “deber de garantizar”.
En nuestro entendimiento de este concepto, creamos el Observatorio de Derechos Vulnerados, cuyo objetivo es identificar la situación local y monitorear el cumplimiento de la normativa vigente. La observancia permanente, y especialmente un diálogo abierto con todas las instituciones que tienen distintas responsabilidades en el sector, nos permite diseñar una mejor planificación a la hora de brindar recursos efectivos para las personas que sufren vulneraciones a sus derechos.
Indudablemente, este monitoreo brinda herramientas para desarrollar una gestión conectada con la población y nos permite construir una perspectiva local y social de derechos humanos, la cual resulta ineludible aprehender para garantizar como Defensoría del Pueblo el pleno cumplimiento de nuestro mandato.
